El gobierno de México firmó el miércoles en Japón el ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, por sus siglas en ingles) para combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas.
En un comunicado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) indicó que el embajador de México en Japón, Claude Heller, signó el acuerdo que establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.
ACTA, que en español de conoce como Acuerdo Comercial contra la Falsificación, es un pacto internacional para establecer reglas y estatutos sobre la propiedad intelectual, con el que se pretende regular el traspaso de datos en internet, creando instituciones internacionales vigilantes de los derechos de autor.
“México, comprometido con fortalecer su Estado de Derecho y con promover su crecimiento económico, se une a Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y la Unión Europea en la firma de este instrumento”, agregó.
El IMPI aseguró que el ACTA pretende mejorar la protección internacional de los derechos de la propiedad intelectual de los mexicanos, atraer nuevas inversiones, crear más empleos, fomentar la creatividad, y la competitividad de las empresas.
“El ACTA surge en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y cinematografía hasta productos que atentan contra la salud y seguridad de los consumidores, tales como medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y autopartes”, detalló.
El ACTA provee un marco general de buenas prácticas de observancia y cooperación internacional para proteger los trabajos, la creatividad, las exportaciones y el bienestar de los mexicanos.
El IMPI indicó que el ACTA no violentará los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
El Estado deberá acatar la legislación secundaria que el Congreso de la Unión emita en la materia, donde se reforzará el respeto irrestricto a la libertad de expresión, el derecho a la legalidad, la privacidad de datos, el debido proceso y el acceso a la información y a la cultura.
“La firma del ACTA es un firme mensaje del Gobierno federal para que se siga discutiendo con el Poder Legislativo la efectiva protección de las marcas, invenciones y creaciones de los mexicanos, así como la implementación del Acuerdo, asegurando que estas garantías individuales no sean, en ningún caso, vulneradas ni transgredidas” mencionó.
Por tanto, la aplicación del ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video.
En 2011, el Foro Económico Mundial señaló que el valor del comercio ilegal ascendía a 1.3 billones de dólares y, de este universo, los rubros relacionados directamente con la propiedad intelectual se ubican en el orden de 360,000 millones de dólares, siendo la falsificación de medicamentos la más elevada con 200,000 millones de dólares.
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